Las víctimas del franquismo no son víctimas, es el mensaje que transmiten las instituciones. Cerradas las otras puertas, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) opta a las subvenciones para las asociaciones de víctimas del terrorismo y la Administración les contesta que “no representan a ninguna víctima del terrorismo”. Empresas funerarias meten el cazo en las excavaciones en cementerios municipales y envían facturas a los familiares de asesinados. Los ayuntamientos interpretan exhumaciones como “trabajos arqueológicos” y piden miles de euros a los descendientes. El Estado ni está, ni se le espera, en la recuperación de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista.
El verano es temporada alta para la búsqueda de abuelos, tíos o bisabuelos desaparecidos durante 70 años, debido al carácter voluntarista de este trabajo, donde forenses, arqueólogos o activistas aportan su trabajo durante las vacaciones. Todo lo demás –excavadoras, gasolina, pruebas de identificación– se paga con pequeñas aportaciones de socios o vía crowdfunding, como la que tendrá lugar el 21 de julio en el Monte de Estépar (Burgos).