Un juez abre la puerta a exhumar los cadáveres en el Valle de los Caídos

Un juzgado de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) ha reconocido por primera vez «el derecho a la digna sepultura» de dos víctimas del franquismo y ha declarado que «procede la realización de las actuaciones pertinentes» para que sus restos sean exhumados del cementerio del Valle de los Caídos -donde fueron trasladados en 1959 desde Calatayud- y entregados al familiar que los reclama tras los análisis de ADN.

El auto del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial, ya firme, supone que por primera vez se reconozca el derecho «a la digna sepultura» de una víctima del franquismo y que se proceda a una exhumación en el principal monumento levantado por Francisco Franco, inaugurado el 1 de abril de 1959 para conmemorar el vigésimo aniversario del fin de la Guerra Civil.

Para lograr este hito, la nieta y sobrina nieta de las víctimas, María Purificación Lapeña, y su abogado, Eduardo Ranz, agotaron la vía penal, hasta llegar a Estrasburgo, pero se encontraron con el muro que supone la imposibilidad de enjuiciar al culpable del crimen cometido. En vez de dejarlo estar, el 20 de noviembre de 2014 acudieron a la vía civil, en concreto, al procedimiento «para la aprobación y protocolización de información ad perpetuam memoriam». Tuvieron suerte, porque su demanda ha seguido adelante, pese a que la reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 1881 fue modificada en julio del año pasado y anuló los artículos que contemplaban «la protocolización de información de perpetua memoria». Por eso, Ranz es pesimista respecto a que la vía que este abogado de 31 años ha utilizado pueda ser utilizada por los familiares de otras víctimas del franquismo.

No obstante, fuentes jurídicas consideran que la reforma operada en la Jurisdicción Voluntaria no tiene que suponer necesariamente el cierre de esta vía, ya que, aunque el procedimiento ad perpetuam memoriam fue suprimido, el artículo 1 de la norma quedó abierto a cualquier reclamación judicial sin la coletilla de las «contenidas en esta ley», lo que podría amparar reclamaciones semejantes.

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